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CARTA ABIERTA A LA UNIVERSIDAD DE LA PAZ
Desde nuestra larga trayectoria como organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos en Uruguay, el Cono Sur y América Latina, consideramos que los antecedentes del Sr. Sanguinetti en esta materia son incompatibles con una universidad cuyos programas académicos están comprometidos con el derecho internacional de los derechos humanos y la paz.
El Sr. Sanguinetti no sólo fue una figura política decisiva en las negociaciones que llevaron a la salida de la dictadura cívico-militar en 1984; él fue, sobre todo, el artífice de la política de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y el garante de su implementación durante los primeros 20 años de democracia, a través de sus dos períodos como presidente de Uruguay. Es por eso que en la comunidad de DDHH uruguaya se ganó el apodo de “campeón de la impunidad”.
He aquí una brevísima reseña histórica de la conducta del Dr. Sanguinetti en esta materia:
Durante las negociaciones entre políticos y militares desarrolladas a lo largo de 1984, Sanguinetti se encargó de asegurarles a los dictadores salientes que él como futuro presidente garantizaría que ninguno de ellos tendría que responder por sus crímenes ante ninguna instancia pública. Eso, a pesar de que en la sociedad uruguaya –como en toda la región- había un reclamo muy fuerte de Verdad y Justicia; y que en la Concertación Nacional Programática (acuerdo social amplio para el programa de la transición) se aprobó explícitamente el compromiso de investigar y sancionar dichos delitos.
Una vez asumida la Presidencia, Sanguinetti ignoró todos los acuerdos alcanzados en la mencionada Concertación, y durante sus dos primeros años de gobierno buscó por todos los medios asegurarse las mayorías necesarias para aprobar en el Parlamento una ley de impunidad, mientras desde el poder Ejecutivo se protegía a los militares acusados, se obstaculizaba la actuación del poder Judicial, y se alentaba en la ciudadanía un clima de amenaza y temor sobre la posibilidad de un golpe militar en caso de que los militares fueran enjuiciados.
Finalmente, en diciembre de 1986, y un día antes de que los militares acusados tuvieran que declarar ante un juzgado civil, el Parlamento sesionó con carácter urgente para aprobar la ley “de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, que consagraba la impunidad de todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. De esta manera el Presidente cumplía el compromiso con los militares que ya había anunciado su ministro de Defensa (el mismo general de la dictadura que había negociado la transición, y que había anunciado que ningún militar concurriría a declarar en un juzgado).
En los dos años siguientes, la sociedad civil organizada a través del movimiento sindical, estudiantil y cooperativo, las organizaciones de derechos humanos y la oposición política, impulsaron una vigorosa campaña para anular la ley de impunidad mediante un referéndum popular. Este amplio y plural movimiento –presidido por tres mujeres familiares de víctimas de la dictadura- juntó 634.702 firmas (en una población de sólo 3 millones) en menos de dos años para hacer posible el referéndum, creó 350 comités locales en todo el país, y visitó puerta a puerta más de 400.000 hogares. En ese tiempo, el gobierno de Sanguinetti continuó operando por todos los medios para hacer fracasar la iniciativa popular (incluyendo la manipulación escandalosa de la propia Corte Electoral, la mentira y la censura de prensa para desinformar, amedrentar y confundir a la opinión pública).
Paralelamente, la ley de impunidad uruguaya recibió la condena de los principales organismos internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema interamericano de la OEA como en el de Naciones Unidas, por su flagrante incompatibilidad con los principios y tratados del derecho internacional de los derechos humanos. El gobierno de Sanguinetti ignoró y descalificó sistemáticamente estos pronunciamientos críticos de la comunidad internacional.
La campaña de desinformación y terror impulsada por Sanguinetti tuvo su fruto en una ciudadanía todavía atemorizada que recién salía de una feroz dictadura, y la ley de impunidad fue ratificada por referéndum en 1989. No obstante, la propia ley de impunidad establecía en su artículo 4 el deber del poder Ejecutivo de investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos. En una verdadera burla a esa obligación, Sanguinetti encargó la investigación al fiscal militar José Sambucetti (juez y parte en los delitos a investigar), que por supuesto no arribó a ningún resultado.
Así, durante sus dos períodos de gobierno, Sanguinetti se dedicó a descalificar los reclamos de Verdad impulsados desde los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales; negó la existencia de personas desaparecidas en Uruguay; obstruyó sistemáticamente todos los esfuerzos encaminados ya no a hacer justicia sino a investigar la verdad y el paradero de los detenidos-desaparecidos; jamás respondió ningún planteo de las organizaciones de familiares de las víctimas, ni accedió a sus solicitudes de entrevista.
Así, en 20 años jamás un solo militar tuvo que declarar ante un juzgado en Uruguay, ni siquiera como indagado o testigo, y no se promovió ningún tipo de investigación oficial sobre el período de la dictadura. El principal responsable de esa efectiva política de olvido oficial que buscó impedir la elaboración de la memoria histórica (con gravísimas consecuencias para el conjunto de la sociedad, hasta hoy) fue Julio M. Sanguinetti.
Esta política de impunidad y negación de las violaciones a los derechos humanos tuvo su punto culminante en ‘el caso Gelman’, que trascendió internacionalmente. El mundialmente reconocido poeta argentino Juan Gelman dedicó casi un cuarto de siglo a buscar al bebé nacido en cautiverio de su nuera desaparecida. La joven de 19 años había sido detenida embarazada junto a su esposo en Argentina, en 1976; luego de que éste fuera brutalmente asesinado, la joven fue trasladada clandestinamente a Uruguay junto a un grupo de activistas de nuestro país, gracias a los operativos de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, hoy conocidos como Plan Cóndor. Una vez que la joven dio a luz en Uruguay, fue asesinada y hasta hoy permanece como desaparecida. De su bebé no se supo nada durante 24 años. Juan Gelman obtuvo informaciones extraoficiales de que su nuera había dado a luz en Montevideo, y por eso entre 1998 y 1999 intentó entrevistarse con Sanguinetti para pedirle su colaboración en la búsqueda del bebé. Sanguinetti jamás accedió a esa solicitud, negó conocer cualquier información sobre el hecho, y hasta descalificó a Gelman en una respuesta pública donde afirmaba que los hechos mencionados por el poeta eran falsos y que en Uruguay no se habían producido desapariciones forzadas. Eso provocó que durante todo el año 1999 se desarrollara una campaña internacional en la cual varios premios Nobel y personalidades del mundo de la cultura (entre muchos otros, García Márquez, José Saramago, Gunther Grass, Pérez Esquivel, Susan Sontag, Eduardo Galeano, etc.) escribieron centenares de cartas exigiéndole a Sanguinetti que accediera a la solicitud de Gelman e investigara el paradero de su nieta.
Sanguinetti jamás hizo nada, hasta que al año siguiente, y a pocas semanas de haber dejado la presidencia, la nieta de Gelman fue localizada después de 24 años, y se inició el proceso de restitución de su verdadera identidad. Pero lo más sorprendente fue descubrir que el apropiador de la joven era un amigo personal y hombre de confianza de Sanguinetti, a quien el presidente había puesto como candidato a senador y nombrado jefe de policía del departamento de San José. Quedó así en evidencia que, mientras le negaba a Gelman los hechos que éste denunciaba, y afirmaba no saber nada sobre el paradero de su nieta, Sanguinetti estaba deliberadamente encubriendo a su amigo el apropiador de la joven, y una vez más operando activamente para garantizar el ocultamiento y la impunidad de los responsables de desapariciones, ejecuciones y torturas, a los que defendió y protegió a cualquier precio durante 20 años.
Las organizaciones que, como SERPAJ, durante décadas hemos trabajado por hacer cumplir y respetar el derecho internacional de los derechos humanos en nuestros países, porque estamos convencidas que es condición insoslayable para una verdadera democracia, consideramos que el Sr. Julio Sanguinetti no reúne los requisitos éticos para presidir el Consejo de una universidad cuya finalidad es formar a las generaciones jóvenes para que impregnen las políticas públicas, los Estados nacionales y las relaciones internacionales con los valores de la paz y los derechos humanos. Esperamos entonces que la UPAZ revisará esta designación y buscará una persona acorde con estos principios para presidir el Consejo.
Adolfo Pérez Esquivel
Presidente Honorario
SERPAJ América Latina
Coordinador Nacional – SERPAJ Uruguay
Coordinadora Latinoamericana
SERPAJ - AL
(598 + 2) 408 53 01
(598) 98 902 905
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OPEN LETTER TO THE UNIVERSITY FOR PEACE
The Peace and Justice Service in Latin America (SERPAJ-AL), through its National Branch SERPAJ-Uruguay, wants to express its great concern for the election of Mr. Julio Maria Sanguinetti as member and president of the Council to the University for Peace.
From our long trajectory as an organization working for human rights in Uruguay, the Southern Cone and Latin America, we consider that the precedents set by Mr. Sanguinetti in this matter are incompatible with a university whose academic programs are committed to international human rights law and peace.
Mr. Sanguinetti was not only a key political figure in the negotiations that led to the end of the civic-military dictatorship in 1984; he was, especially, the artifice of the politics of impunity and oblivion for the crimes against humanity committed by the dictatorship, and the grantor of its implementation during the first twenty years of democracy, especially during his two periods as president of Uruguay. This is the reason why, within the Uruguayan human rights community, Sanguinetti was given the nickname “champion of impunity”.
Here is a very short historical account of Dr. Sanguinetti’s conduct in this matter:
During the negotiations between politicians and the military developed throughout 1984, Sanguinetti assured past dictators that he, as the future president, would make sure that none of them would be hold accountable for the crimes they had committed. He did so even though in Uruguayan society, like in all the region, there was a strong claim for truth and justice; and even though the National Programatic Convention (a broad social agreement on the program for the democratic transition) explicitly approved a commitment to investigate and to punish such crimes.
Once he took office as President, Sanguinetti ignored all the agreements reached in the mentioned Convention and, during his first two years in office, he strived by all means to make the Parliament pass an Impunity Law, while at the same time the Executive Branch protected the accused military, put obstacles to the Judicial Branch, and spread among the citizens a climate of fear, and the threat towards the possibility of a military coup in case members of the military were put on trial.
Finally, in December 1986, and one day before the accused military officials had been called before a civil jury, the Parliament in an urgent session passed the law that granted impunity for all the crimes against humanity committed during the dictatorship. In that manner, the President fulfilled his commitment with the military, which the Ministry of Defense had already announced (the same general from the dictatorship who had negotiated the transition, and who had announced that no military personnel were going to be brought to trial).
In the following two years, civil society organized through the cooperative, student and union movements, the human rights movement, and opposing political organizations carried out a vigorous campaign to abolish the impunity law through a popular referendum. This broad and plural movement –led by three women related to the victims of the dictatorship– gathered 634.702 signatures (in a population of only 3 million) in less than one year to make the referendum possible, created 350 local committees in the entire country and visited door to door more than 400.000 homes. During this time, Sanguinetti’s government continued working in every way to make this popular initiative fail (including strong manipulation of the Electoral Court, lying, and censoring the press to misinform, frighten, and confuse the public opinion).
In a parallel manner, the Uruguayan impunity law received condemnation from the main international human rights organizations, from the OAS to the UN, for its flagrant incompatibility with international human rights principles and treaties. Sanguinetti’s government ignored and disqualified systematically all these critical statements from the international community.
The campaign of disinformation and terror promoted by Sanguinetti implanted itself in the citizenry still terrified by the harsh dictatorship it was coming out of, and the impunity law was ratified by referendum in 1989. Even though, the law established in Article 4 the duty of the Executive Branch to investigate the whereabouts of the detained-disappeared. In a true mockery to this duty, Sanguinetti appointed for this purpose the military public prosecutor Jose Sambucetti (judge and part of the crimes to be investigated), that led, of course, to no results.
Indeed, during his two terms in government, Sanguinetti devoted himself to disqualifying the claims for Truth promoted by international and national human rights organizations; he denied the existence of disappeared people in Uruguay; he systematically obstructed all the efforts not just towards reaching justice, but even towards investigating the truth and the whereabouts of the detained-disappeared; he never responded to a single one of the demands of the families of the victims, nor accepted their solicitudes of interviews.
Like this, in twenty years, not one military member was called in front of a jury in Uruguay, neither as a person investigated nor as a witness. In addition, the State did not promote any kind of official investigation on the period of the dictatorship. The main responsibility for this effective policy of official silence and oblivion, which impeded the elaboration of the historical memory (with severe consequences for Uruguayan society as a whole, until this day), was orchestrated by Julio M. Sanguinetti.
This politics of impunity and denial of the violations of human rights had its climax in “the Gelman Case”, which transcended internationally. The world re-known Argentinean poet Juan Gelman dedicated almost one quarter of a century to search for his grandchild abducted by the military from his daughter-in-law. The young 19 year old pregnant woman was detained with her husband in Argentina in 1976; after he was brutally murdered, the young woman was secretly taken to Uruguay together with a group of young activists from our country, under the clandestine, coordinated operations among the dictatorships of the Southern Cone, today known as Plan Condor. Once the young woman gave birth, she was murdered, and until today she has not been found. Nothing was known about her child for years. Eventually though, Juan Gelman received extra-official information that his daughter-in-law had given birth in Montevideo, so that between 1998 and 1999 he tried to have an interview with President Sanguinetti to ask for his collaboration in the search of the baby.
Sanguinetti never agreed to this solicitude, he denied knowing any information about the event, and even disqualified Gelman in a public response where he affirmed that the facts mentioned by the poet were false, and that in
Sanguinetti did nothing at all. The following year, and just a few weeks after he left his position as President, Gelman’s granddaughter was found in Montevideo after 24 years, and the process of restitution of her real identity began.
What was the most surprising was discovering that the appropriator of Gelman’s granddaughter was a personal close friend of Sanguinetti, named as a candidate for Senator and appointed as Chief of the Police in the department of San José by the President himself. It became evident that, while denying the facts that Geman was denouncing, and affirming to not knowing anything about the whereabouts of his grandchild, Sanguinetti was deliberately covering up his friend, the appropriator of Gelman’s granddaughter, and once again operating to guarantee the secrecy and the impunity of those responsible for the disappearances, murders, and torturing. And he has continued to defend and protect these criminals over the past twenty years.
The organizations -like SERPAJ- which have been working for decades to make our countries respect and fulfill international human rights law, because we are convinced that it is an unavoidable component of a true democracy, consider that Mr. Julio M. Sanguinetti does not fulfill the ethical requirements to chair the Council of a university whose goal is to educate young generations in order to impregnate public politics, nation states and international relations with peace and human rights as core values.
We hope that the University for Peace will revise this designation and will search for a person who is aligned with these principles to lead its Council.
Montevideo, August 24th, 2007.
Adolfo Pérez Esquivel – Honorary President for SERPAJ Latin America, and Peace Nobel Prize 1980.
Ana Juanche Molina – Coordinator for SERPAJ Latin America
Guillermo Payssé – National Coordinator for SERPAJ Uruguay
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